El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, pidió hoy jueves que no se "distorsione" la imagen pública de la Justicia tras el caso de las 29 cintas de vídeo que incriminaban a cuatro presuntos pederastas y que, en un primer momento, parecía que habían desaparecido --lo que motivó la suspensión del juicio en la Audiencia Provincial-- pero que posteriormente fueron hallados en la oficina del depósito judicial de piezas de convicción del Decanato de Sevilla.
En declaraciones a Europa Press, Gallardo consideró que todas aquellas personas que intervienen en la Administración de Justicia "están especialmente obligadas a velar" por la imagen pública de la Justicia, la cual, señaló, "es distorsionada injustamente con frecuencia".
Según puso de manifiesto, la Justicia en Sevilla "funciona con una manifiesta carencia de medios de toda índole, una carencia que llevamos años denunciando", pero opinó que "no es justo trasladar a la opinión pública únicamente las deficiencias que a veces se producen".
Así, el decano del Colegio de Abogados hispalense indicó que, en Sevilla, "se celebran a diario centenares de actividades judiciales con absoluta normalidad", todo ello gracias "al esfuerzo personal de quienes trabajan en el ámbito judicial".
"En Sevilla asistimos con demasiada habitualidad a una utilización partidista de los procesos judiciales y a enjuiciamientos mediáticos que acaban distorsionando y perjudicando la imagen de la Justicia", según prosiguió Gallardo, añadiendo que, frente a ello, "lo cierto es que el servicio público judicial se presta a diario con eficacia en la mayoría de los casos, a pesar de las muchas carencias que la maquinaria judicial sevillana viene soportando en los últimos años".
VÍDEOS, PEDERASTAS Y SUSPENSIÓN DEL JUICIO
La Audiencia Provincial de Sevilla localizó finalmente el pasado martes las 29 cintas de vídeo y un número indeterminado de DVDs que incriminaban a cuatro presuntos pederastas y cuyo extravío provocó el lunes la suspensión 'sine die' del juicio, según informaron a Europa Press fuentes del caso y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Así, y según indicaron las mismas fuentes, todas estas pruebas --que constituían la base fundamental sobre la que imputar a los cuatro encartados-- fueron halladas en la oficina del depósito judicial de piezas de convicción del Decanato de Sevilla, donde han estado hasta el día de hoy "debidamente custodiadas".
Según el TSJA, todas estas pruebas videográficas no estaban físicamente en la Audiencia Provincial aunque sí a disposición de dicho órgano judicial. Así, desde el Decanato se remitieron a la Audiencia pruebas del caso que se juzgaba y faltó por enviar uno de los legajos de prueba.
El juicio, que comenzó a celebrarse a puerta cerrada, se aplazó para solicitar al Decanato la localización de dichas pruebas y su traslado a la Audiencia Provincial, por lo que "no se ha producido ningún perjuicio para el procedimiento", añadieron las fuentes.
En este sentido, fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que la vista oral suspendida en el día de ayer lunes se celebrará finalmente entre los próximos días 22 y 25 de junio.
La Audiencia Provincial de Sevilla tenía previsto juzgar a un hombre de 54 años, identificado como I.T.C., acusado de pagar distintas cantidades de dinero y ofrecer regalos a una menor de 16 años a cambio de mantener relaciones sexuales y grabar sus encuentros en su vivienda del sevillano barrio de Los Remedios.
DINERO, RECARGAS TELEFÓNICAS Y OTROS REGALOS
Según el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos ocurrieron entre el verano del año 2004 y la primavera de 2006, período en el que el inculpado propuso a la menor mantener relaciones a cambio de 200 euros, recargas telefónicas y otros regalos.
La joven, que aceptó tales encuentros, recibió del procesado un ordenador con cámara web en verano de 2005 a través del cual, según prosigue el Ministerio Público, mantenían conversaciones de contenido sexual, llegando incluso la menor a desnudarse delante de la cámara.
Del mismo modo, el acusado supuestamente buscaba a terceras personas para que, a cambio de dinero, mantuvieran relaciones sexuales con la citada menor. En este sentido, el fiscal pide un año de cárcel para dos hombres que accedieron a estas prácticas.
Finalmente, el principal imputado en la causa contrató en 2006 los servicios de una mujer, también acusada y para la que piden dos años de cárcel, para que mantuviera un encuentro lésbico con la menor. Muchos de los encuentros fueron grabados en video por el inculpado, si bien no consta de que I.T.C. haya difundido dicho material.
El Ministerio Público considera que los hechos relatados constituyen un delito de corrupción de menores y un delito de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico, por lo que pedirá cinco años para el principal acusado, un año para otros dos hombres y dos años para la mujer también implicada en los hechos.
