El segundo Informe sobre el Estado del Derecho Humano a la Alimentación, presentado por Ayuda en Acción y la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador, revela un deterioro en la calidad de vida de las y los salvadoreños.
La calidad de vida de las y los salvadoreños se ha deteriorado desde que hace tres años se presentara el primer Informe sobre el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada. El Estado salvadoreño no cumplió con la obligación de implementar medidas políticas adecuadas para establecer la seguridad y soberanía alimentaria en el país, cuenta Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta es la conclusión del segundo Informe sobre el Estado del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada, que hace referencia al periodo que va desde 2007 hasta hoy y que fue presentado coincidiendo con el 62º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Debido a una herencia de dos décadas de políticas neoliberales y con la crisis económica mundial, el desempleo y del subempleo han aumentado en los últimos tres años en el país centroamericano. El 57% de la población de El Salvador vive en situación de pobreza. Esto repercute negativamente en la nutrición de la población, en los últimos 10 años la anemia se ha incrementado en más del 20% en niñas y niños menores de 5 años, de los cuales la mayor parte son menores que viven en zonas rurales. Además, 173.000 niñas y niños se ven obligados a trabajar para contribuir a los ingresos familiares.
Los factores que limitan el acceso a los alimentos tienen que ver con la desigualdad social y la pobreza. En El Salvador, la tenencia y uso de tierra para poder cultivar y producir los alimentos que consumen los y las salvadoreñas sigue siendo un problema. La introducción de nuevas tecnologías de producción como semilla mejorada y la semilla transgénica hacen que la producción de alimentos sea cada vez mayor, pero el problema es la calidad. El uso de fertilizantes para agilizar la producción no es la solución adecuada, dice Ana Lorena de Orellana, Directora de Ayuda en Acción en El Salvador.
Ayuda en Acción El Salvador apoyó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) desde los primeros esfuerzos para que la alimentación se reconociera como un derecho humano. El informe incide en la importancia de que el país produzca el alimento que el pueblo consume y en el reconocimiento de la seguridad alimentaria como un derecho humano. Las acciones deben atender situaciones estructurales como la pobreza, la desigualdad y la debilidad de la producción agropecuaria.
Las conclusiones del informe señalan que el Estado salvadoreño en el período examinado no cumplió plenamente su obligación constitucional e internacional de implementar medidas y políticas adecuadas para lograr de manera progresiva un nivel de vida adecuado a favor de la población salvadoreña, especialmente en el ámbito de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.
En las recomendaciones se han abordado diversos aspectos de políticas públicas que se deberían implementar para cumplir las obligaciones estatales en materia alimentaria, exhortando al Ejecutivo a que conforme a sus obligaciones constitucionales enfrentara urgentemente con adecuadas políticas públicas y una mayor inversión social, las necesidades derivadas del hambre, la desnutrición y malnutrición, así mismo el problema de la pobreza, el desempleo, el subempleo, la falta de oportunidades y otras problemáticas económicas, sociales y ambientales, a fin de mejorar el acceso una alimentación adecuada y a otros derechos fundamentales vinculados al bienestar y dignidad de las familias en nuestro país.
Entre las propuestas presentadas en el informe se planteó la necesidad de concertar una propuesta de Reforma Constitucional para reconocer y garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada en El Salvador; la formulación y aprobación de una Ley marco sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, y que, en el contexto de dicha Ley, se incluyera la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
